CARLOS VÁZQUEZ | BARCELONA
Una veintena de entidades cívicas pedirán hoy al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Educación de Cataluña (LEC).
Las asociaciones denuncian «el segregacionismo rayano en el «apartheid» lingüístico», afirma el diputado autonómico por el Grupo Mixto, Antonio Robles. En declaraciones a ABC, Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, denuncia que la LEC consiste en legitimar «un golpe de Estado Educativo». Las organizaciones afirman que la ley catalana infringe el artículo 81.1 de la Constitución, que exige que las leyes que desarrollen un derecho fundamental, como la educación, necesitan el rango de ley orgánica y sólo pueden ser aprobadas por las Cortes. «El Parlamento de Cataluña se dedica a incendiar la Constitución», afirma Caja.
Para las entidades, «la LEC supone un grave atentado contra la libertad de enseñanza y la libertad lingüística de los españoles y rompe definitivamente con la unidad básica del sistema educativo». Robles añade que los perjudicados no son sólo los niños que hablan castellano, sino también los niños cuya lengua materna es el catalán y no pueden aprender castellano porque «sus padres están empozoñados de ideología separatista».
Entre las asociaciones denunciantes, que se califican de «cívicas» y sin vinculación política, figuran el Foro Arbil, Fundación Persona, Asociación Gallega para la Libertad del Idioma, Hazte Oír, Lengua Común o profesores por el Bilingüismo de Cataluña, entre otras
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